La noticia de que el presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR) haya decretado un receso académico y administrativo del 12 al 16 de octubre del presente me ha dejado igual de impresionada que cuando supe que el presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, había ganado el premio Nobel de la Paz a tan sólo 9 meses y medio de haber ocupado su puesto. La única diferencia es que la primera no consiguió hacerme sonreir. Pero, si no fuera por estas mini vacaciones forzadas, no podría estar escribiendo esta nota con la carga académica que la Escuela de Arquitectura de la UPR nos regala cada semestre, cada día.
Nuestro pueblo se enfrenta a una coyuntura social, política y económica como nunca antes. Una situación difícil desde cualquier ángulo que se analice. Los últimos años han sido unos muy duros especialmente para nuestra economía. Han sido ciclos de cuadrar el presupuesto del estado con préstamos, endeudando más al país, siendo estas soluciones unos parchitos que resuelven el problema en el momento pero que representan más problemas a largo plazo. Como buenos puertorriqueños: “el que venga atrás que arree con las consecuencias” como dicen en el campo. Lo que vivimos ahora no son los efectos de malas decisiones tomadas hace 4 u 8 años solamente, son los efectos de malas decisiones tomadas hace 4, 8, 12,16 y hasta 20 años atrás (quién sabe si más). Ahora, que estamos en el abismo, se están tomando otras decisiones que aparentan ser la solución correcta a nuestros problemas, pero la realidad es que no necesariamente lo son y peor aún, pueden ser contraproducentes.
En los 9 meses y medio que van de este año y de la nueva administración se ha visto de todo. Desde la prohibición de algunos libros en el Departamento de Educación (DE) y cesantías de empleados públicos, hasta huevazos y burlas de todo tipo.
Hace aproximadamente dos semanas, se llevó a cabo la fase II de la llamada Ley 7 que lo único que ha hecho es hundir a nuestro país en un ambiente de desesperanza, depresión, caos y hostilidad en todos los sectores. La gente con poquito tiene para volverse loca y agresiva, y con esto le han dado razones de más. Por eso es que digo que las aparentes soluciones a nuestros problemas pueden ser contraproducentes. Especialmente cuando existen dos o tres buscones cuya razón de vivir es fastidiar (por decirlo bonito) y sembrar cizaña. Tratemos de manejar este tema con objetividad y vamos a los hechos observándolo desde el punto de vista de la administración que es la que implanta la Ley y del Pueblo que es el que se ve directamente afectado.
Creo que todo el mundo recuerda lo que sucedió en Puerto Rico en mayo de 2006. El gobernador de Puerto Rico para ese entonces, Aníbal Acevedo Vilá (AAV), se vio obligado a cerrar el gobierno por falta de fondos para pagar la nómina (Oprima aquí para ver artículo), esto debido a la pobre comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo liderados por partidos políticos opuestos (Oprima aquí para ver artículo). Como nota al calce, quedó bastante claro para el electorado que un gobierno compartido no sirve. Ahora en el 2009 nos enfrentamos a una situación similar, aunque con un nivel mayor de dificultad considerando que el panorama económico mundial ha decaído bastante entre el 2006 y el 2009. Para atajar el problema y evitar tener que llegar a lo mismo que en el 2006, el actual gobernador de Puerto Rico Luis G. Fortuño (LGF) y su administración elaboraron la muy conocida y, aparentemente, bien ponderada Ley 7.
Esta Ley, para unos nefasta y para otros la solución a todos los problemas del País, tiene dos propósitos principales según sus redactores: (1) corregir la situacion presupuestaria, y (2) estimular la economía para revertir la contracción de los últimos años. Esto se lograría mediante 4 medidas conocidas como el Programa de estabilización fiscal y reconstrucción económica de Puerto Rico: para cuadrar el presupuesto habrá reducción de gastos, aumentos de ingresos y mejor fiscalización, y medidas financieras; y para impulsar el desarrollo económico se crean la Ley del Programa de Estímulo Económico Criollo, la Ley para implantar la Ley Federal de Estímulo Económico y la Ley de las Alianzas Público-Privadas. Según esta Ley, y cito, “el programa está diseñado para que cualquier efecto recesionario de las medidas de control fiscal sea contrarrestado por los efectos progresivos de las medidas de desarrollo económico para que, en su efecto neto, el programa en su totalidad sea progresivo. “
La Ley 7 tiene mucha tela de donde cortar, pero vamos a lo que tiene a la gente echando chispas y la razón principal por la que este jueves 15 de octubre de 2009 se ha convocado a un paro nacional: las cesantías de más de 20,000 empleados públicos desde que comenzó la fase II en julio de 2009. Esta administración está cumpliendo con su plataforma de gobierno, excepto con la parte en la que dijo que sólo iba a botar a AAV. El pueblo tiene que ser bien “naïve” (ingenuo) para creerse todas las promesas de campaña y es el verdadero culpable por no informarse antes de votar. Por eso mismo es que las plataformas de gobierno de los partidos se hacen públicas. Aunque hay que darle el beneficio de la duda porque si te mienten, no puedes hacer mucho (a menos que te lo adviertan como sucedió en las pasadas elecciones). La realidad es que no es lo mismo prometer desde afuera que cumplir desde adentro. El candidato que sea va a decir lo que el pueblo quiere escuchar, no necesariamente la realidad. Me parece además que es una falta de respeto el recostarse, luego de ganar unas elecciones abrumadoramente y de que las cosas no salgan como prometió, de que no tenía conocimiento de la mala administración (acción y efecto de administrar) de la pasada administración (equipo de gobierno) especialmente cuando el actual gobernador LGF era el comisionado residente de la pasada administración y cuando la Legislatura estaba en manos de su partido. Él pudo haber hecho mucho más en conjunto con AAV aunque fueran de partidos de oposición. Al final del día, tan pronto ganan las elecciones se deben olvidar de que pertenecen a un partido político y enfocarse en que están ahí para trabajar por y para el Pueblo. Desde esa perspectiva, todas las administraciones que ha tenido Puerto Rico han errado, por lo que si esta administración culpa a la pasada de los problemas actuales se está culpando ella misma porque quienes la componen eran parte también de la pasada y son igual de culpables.
En fin, todas las administraciones saben que tienen que achicar el gobierno, independientemente de que digan que no es que el gobierno sea muy grande sino que el sector privado es muy pequeño. Como les decía en una nota anterior: “¿Cuántas personas se necesitan para tapar un boquete en la carretera? Aparentemente nueve.” O sea, si van 9 personas a tapar un rotito en la carretera, no me quiero imaginar la cantidad de empleados públicos que no son imprescindibles. Eso sin entrar en detalles del montón de empleados que no hacen su trabajo, que son unas batatas que sólo quieren recibir su cheque y representan una carga, más que una ayuda, para el sistema. Claro, no se puede generalizar porque son más los que se fajan por hacer su trabajo como Dios manda y dan un buen servicio. El error estuvo en seguir contratando gente descontroladamente, en parte, como favores políticos. Pero como dicen por ahí, “a lo hecho, pecho”. Esa es la actitud que se está asumiendo y pues quieren achicarlo [el gobierno] a como de lugar, repartiendo cesantías por doquier. Y la realidad es que para lograrlo hay que prescindir de los servicios de muchos empleados, pero hay que seguir el principio de “no es lo que haces, es cómo lo haces”.
La pasada administración (de AAV) dio los primeros pasos para lograr este objetivo al implementar iniciativas de congelación de plazas y reducción de gastos. Obviamente esto no era suficiente y el tiempo era apremiante por lo que era de esperarse que la nueva administración continuara con estas iniciativas y añadiera otras para conseguir un buen resultado. El ex director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Armando Valdés, nos dice que entre las nuevas iniciativas deberían: “Promover un consenso multisectorial para evaluar la reducción parcial de horario y ventanas de retiro. Con el apoyo de una legislatura cooperadora, aprobar una reorganización gubernamental sensible y préstamos mesurados para cubrir la insuficiencia de recaudo a corto plazo. Y promover medidas, junto a las del Presidente Obama, para reactivar la economía y el crecimiento de los ingresos del Estado.” (Fuente: Blog de Armando A. Valdés Prieto)
La parte que esta nueva administración se niega a aceptar es la de “corto plazo” y “préstamo”, obviando que lo primero que hicieron este año fue tomar prestado. Pero hay que señalar que la Ley 7 sí contempla algunas de estas medidas. La fase I de esta Ley tenía dos componentes: (1) ofrecía una ventana para que aquellos empleados públicos con veinte años o más de servicio público puedan acogerse a una reducción permanente de jornada de un día por quincena, y (2) se establecía un programa de renuncias voluntarias incentivadas. Si pasaron a la fase II es obvio que la primera no funcionó. Pero eso era de esperarse. Nadie va a querer que le reduzcan el chequecito y mucho menos renunciar a su trabajo voluntariamente. Al implementarse la fase II, que es por la que estamos pasando ahora, cerca de 20,000 empleados fueron despedidos. Luego se pasaría a la fase III que contempla dos medidas adicionales: (1) congelación de todos los aumentos de sueldo, beneficios marginales y todo otro aumento, compensación o beneficio económico, independientemente de la fuente de los mismos, a todos los empleados públicos a partir del 1ro de julio de 2009 y por dos años fiscales, y (2) suspensión por el mismo espacio de tiempo de todas las disposiciones vigentes, sin importar su fuente, referentes a ascensos, traslados, movimientos de personal y distribución de tareas de manera que el único criterio rector para los movimientos de personal y redistribución de tareas dentro de una agencia o entre agencias sea el criterio de necesidad del servicio. Bajo esta Ley se alega que la reducción de jornada general no es una alternativa viable porque “impactaría enormemente el ingreso de los empleados” y “dejaría al gobierno inoperante”. De todas maneras, sea cual sea la medida (más sensible o menos sensible) que el gobierno (cualquier gobierno) utilice para lograr sus objetivos va a estar mal y será criticada y repudiada. Es así.
Si analizamos la realidad, tener un sueldo reducido es mejor que no tener ninguno, esa es una. Segundo, con las recientes cesantías, algunas dependencias del gobierno han quedado inoperantes como fue el caso del Consejo de Educación Superior (CES). El resultado de los despidos en este cuerpo redundó en que, para los que se quedaron, era imposible trabajar con tan limitado personal y renunciaron. Entonces “cerraron” el Consejo porque no había quien lo manejara. Así que, al final del día, los empleados no vieron un impacto enorme en sus ingresos, simplemente se quedaron sin ellos, pero al menos el gobierno no quedó inoperante, sólo algunas dependencias claves. Esto sin mencionar el lío con la Procuradoría del Envejeciente que recibe fondos federales.
Por un lado no pueden decir que no hubo una fase “más sensible” que fue la primera, la voluntaria. Pero era obvio que no iba a funcionar y lo de “sensible” es debatible. Tampoco pueden decir que no pensaron en todas las posibles alternativas para no despedir empleados porque la Ley 7 las detalla todas. Simplemente fueron rechazadas por “no ser viables debido a la magnitud del déficit” a juicio de los redactores. Eso es un hecho. El punto es que ya se procedió con la fase II y el daño está hecho.
Mañana se convocó a un paro nacional, en resumen, por 11 razones según la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico entre ellas “Porque el gobierno se ha negado a considerar las numerosas propuestas y alternativas que le han sometido muchas organizaciones y grupos del país.” Si analizamos las 4 propuestas de esta coalición, sólo dos aportarían algo a la raíz del problema económico, pero no resolverían mucho. La primera de estas dos dice que “Se tomen medidas concretas y específicas en el Departamento de Hacienda, para que se logre cobrar todas las contribuciones necesarias, deteniendo la evasión contributiva, incluyendo el pago del IVU y el cobro de la multimillonaria deuda de los contribuyentes delincuentes, que asciende a más de $3,000 millones.” ¿Qué administración no ha intentado lograr que todos los contribuyentes paguen lo que deben? Todas lo han intentado sin obtener frutos. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de algunos. Según un ciudadano tiene derechos, también tiene responsabilidades, y una de ellas es pagar sus contribuciones. Pero aquí la evasión contributiva es la orden del día, empezando por los políticos corruptos y sus amigotes. Es imposible recaudar los más de $3,000 millones que se necesitan contando con esto. Y la segunda que “Se deje sin efecto la Ley de Incentivos Económicos firmada por la pasada administración y que se imponga una contribución justa a las corporaciones que hoy no pagan o aportan muy poco.” Con la combinación de ambas, y esperando obtener una cantidad de dinero real, no se cubriría el déficit. Creo que eso todo el mundo lo sabe.
Personalmente creo que el resultado, o más bien, lo que se pueda obtener de un paro o huelga es debatible en términos de los objetivos que puedan plantear los organizadores. Se puede conseguir mucho, poco o nada. El paro del pasado 5 de junio no tuvo gran efecto en las políticas de la actual administración, así que si ese era el principal objetivo, perdieron el tiempo. Supongo que pasará lo mismo con el paro de mañana. En términos de lo que verdaderamente e ineludiblemente puede lograr un paro está el fastidiar el tráfico, por decir algo simple, y en hacer enojar al los que puedan o no estar de acuerdo con ellos, pero que no asisten al paro por X o Y razones. Por mi parte, se pueden expresar todo lo que quieran, es su derecho, siempre y cuando no violen los derechos que tienen los demás de llegar a su trabajo, de llegar a sus escuelas, etc. Cada vez que hacen un paro o una huelga en la universidad lo que hay son 3 gatos frente a los portones (en proporción con la totalidad de la matrícula). Esos tres gatos no dejan entrar a los miles que sí quieren tomar clase porque necesitan graduarse, porque tienen investigaciones de meses y hasta de años que pueden echarse a perder, entre otras cosas. Entonces, esas personas que cierran los portones está ejerciendo su derecho a la libre expresión, pero ¿dónde queda mi derecho a la educación? Tus derechos terminan donde comienzan los míos. Con este ejemplo no me estoy refiriendo a lo que acontece esta semana en la UPR que es completamente opuesto, irónicamente. Si no a lo que ha sucedido en el pasado y a lo que puede suceder mañana en el paro nacional.
Ahora están pidiendo que no hagan compras el día de mañana (me imagino que en Plaza Las Américas, que ha “upped the ante” y no abrirá mañana por ser ese el punto de encuentro del paro nacional) en protesta y en apoyo al paro, esto por dar un ejemplo. El que quiera apoyarlos de esta manera, que lo haga, está en su perfecto derecho. Pero que ni se les ocurra impedir que otros puedan hacer sus compras, porque estarían violentando el derecho que tiene esa persona de hacer sus compras.
Entiendo perfectamente que, independientemente se logre algo con la administración o no a través del paro, el Pueblo lo que necesita es un medio para desahogarse porque se siente oprimido e impotente ante tanto abuso. Si el paro logra de alguna manera brindar un poco de sosiego a estas personas que fueron despedidas, entonces el esfuerzo no ha sido en vano y es totalmente válido. Es cuestión de ser tolerantes y respetar las ideologías de los demás.
Todos podemos vivir en armonía aunque pensemos diferente. De eso se trata una democracia.
¡Adelante Puerto Rico, con esperanza y fuerza hacia el futuro!



